El sub registro, mayor aliado de los delincuentes dedicados a la trata.
- 729 víctimas de trata fueron reportadas en Colombia entre 2013 y 2020.
- Personas de Antioquia, de Venezuela, de Bogotá y de Risaralda son las más atacadas por este fenómeno internamente en el país.
- Víctimas de trata externa de Colombia proceden del Eje Cafetero, de grupos inmigrantes de Venezuela, de Bogotá, de Valle del Cauca y de Antioquia.
Bogotá, julio de 2021.- Aunque Colombia es considerado uno de los países con altos índices de trata de personas, los números no reflejan esta realidad pues se sabe que existe un subregistro en el número de víctimas reportadas.
De acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, 729 víctimas de trata de personas fueron reportadas en el país entre los años de 2013 y 2020, de las cuales, 604 casos corresponden a mujeres y niñas y 125 casos a hombres y niños. Entre estas víctimas, el 60% de los casos se relacionan con la explotación sexual, el 19% con el trabajo forzado, el 14% con otras formas de explotación como la del servicio doméstico manipulado, y el 7% con el matrimonio servil.
De otro lado, en el mismo periodo, se registraron 146 víctimas de trata interna en el país, de las cuales 26 dijeron ser de Antioquia, 21 pertenecían a la comunidad migrante de Venezuela, 18 venían de Bogotá y 10 de Risaralda.
Así mismo, el Ministerio reportó que entre los 52 países destino de personas colombianas que son engañadas y llevadas allí como víctimas de esta práctica criminal, son China, México, España, Argentina y Ecuador los que más incurren en este delito.
Betty Pedraza, directora de Espacios de Mujer, ONG que trabaja en el marco del programa Conectando caminos por los derechos, financiado por USAID, y que acompaña procesos de prevención de la trata de personas, atención a mujeres en contexto y ejercicio de prostitución y migrantes colombianos retornados, “teniendo en cuenta que para 2020 había reportados oficialmente 1.717.352 ciudadanos venezolanos en Colombia, el país se convierte en el mayor receptor de refugiados y migrantes del país vecino en la región y en el mundo”.
Para Pedraza, la mayor preocupación es el subregistro de este tipo de casos y ejemplo de esto es que en medio de los 10 más recientes encuentros convocados por la organización en la ciudad de Medellín, se detectaron diez posibles casos de trata, todos con víctimas mujeres involucradas en la explotación sexual o la prostitución forzada.
A estos diez encuentros virtuales-presenciales, asistieron 376 personas, en su mayoría representantes de la comunidad venezolana organizada, profesionales que vienen acompañándolos desde la institucionalidad y algunas organizaciones privadas.
Según su directora, la organización Espacios de Mujer es miembro de la Alianza Colombiana de Organizaciones de la Sociedad Civil Contra la Trata de Personas desde el 2013 y actualmente cuenta con 20 organizaciones miembro en todo el país. “Nuestro propósito primordial es el de posicionar y fortalecer la acción conjunta de la sociedad civil para incidir en el abordaje integral de la lucha contra la trata de personas”.
Para Pedraza, es esencial concientizar al país sobre este flagelo que se cierne sobre nuestra sociedad como una de las más aberrantes violaciones a los derechos humanos. “Esta práctica tiene la capacidad de reducir a los seres humanos a la calidad de objetos, mercantilizándolos, y con ello atentando contra su vida y su libertad. Es muy importante dejar claro que la trata consiste en la captación, el transporte y la acogida de personas, a través de la amenaza o al uso de la fuerza, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o la recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.
Para el caso puntual de la trata de personas en la ciudad de Medellín, la organización Conectando caminos por los derechos de USAID, comparte la siguiente información gestionada por Espacios de Mujer en la ciudad:
Acerca de: Conectando Caminos por los Derechos. Es una organización que promueve la justicia y los derechos humanos para migrantes de Venezuela, colombianos retornados y población receptora en Colombia. Es un programa financiado por USAID e implementado por el consorcio integrado por Pact, ABA ROLI, Freedom House e Internews.
