Conectando Caminos por los Derechos presentó su balance final de impactos y resultados

El Programa, financiado por USAID Colombia, se implementó entre 2020 y 2023

Durante los tres años de implementación, el Programa Conectando Caminos por los Derechos (CCD) impactó directamente a 37.162 personas; entre ellas 15.778 migrantes venezolanos, 909 colombianos retornados y 6.874 representantes de comunidades de acogida. De estos, el 68% fueron mujeres (27.087), el 28% hombres (10.509) y el 5% personas LGBTIQ+ (1.706).

“Cada cifra, cada resultado que presentamos hoy es realmente el efecto de la resiliencia, la creatividad y la berraquera de los migrantes y los colombianos por igual. Pienso en que regresar a casa es un lujo que no está al alcance de todos y para muchos migrantes venezolanos casa es Colombia, y todas las personas sin importar de dónde venimos queremos sentirnos en casa, sentirse en casa significa seguridad, bienestar y pertenencia. Por eso, a través de Conectando Caminos nos enfocamos en centrar los derechos humanos en el corazón de todas nuestras acciones”, dijo la Directora de USAID Colombia, Anu Rajaraman, durante la instalación del evento realizado el martes 23 de mayo en Bogotá.

El Programa, que arrancó en medio de una de las olas más grandes de migración venezolana hacia Colombia, le hizo frente a cuatro áreas específicas: prevenir las violaciones de derechos humanos hacia los migrantes; proteger los derechos de migrantes, refugiados y retornados; mejorar la respuesta institucional a violaciones de los derechos de estas poblaciones, y dar respuesta rápida a los retos impuestos por los flujos mixtos de migración en once municipios con altos índices de población migrante (Riohacha y Maicao, en La Guajira; Barranquilla, Cartagena, Villa del Rosario y Cúcuta, en Norte de Santander; Medellín, Bucaramanga, Bogotá, Cali, y Pasto e Ipiales en Nariño).

Laura Zambrano, Directora del Proyecto, explicó que el Programa inició “en medio de las restricciones por COVID 19, en unos corredores regionales estratégicos llenos de información dispersa y de incertidumbre, a través de los cuales nos propusimos abrir puertas, conectar caminos y sobre todo: darles voz a las personas migrantes provenientes de Venezuela, a los colombianos y colombianas retornadas y a las comunidades de acogida”.

De ahí, que en el evento de cierre se hayan mostrado impactos de cara a la garantía de derechos de los migrantes; entre ellos, más de 80 documentos de análisis sobre violaciones a derechos y la consolidación de seis redes de protección de la sociedad civil. Así mismo se resaltó la formación de 12.957 servidores públicos para mejorar la atención de las personas migrantes en riesgo o víctimas de delitos como la trata de personas, la desaparición forzada y las violencias basadas en género. Además, 15.758 personas recibieron orientación legal y otras 512 atención psicosocial.

Conectando Caminos por los Derechos tuvo un enfoque de género e inclusión social que permitió orientar y atender a 10.283 personas por casos de violencias basadas en género. Además, trabajó directamente con mujeres, niñas y niños, y personas LGBTIQ+ que ejercen el sexo por supervivencia debido a las condiciones migratorias, la explotación sexual y la trata de personas, que se convirtieron en algunas de las vulneraciones más frecuentes.

El Programa trabajó con aliados de todos los niveles, tanto alcaldías municipales y gobernaciones, como universidades, Casas de Justicia, más de 75 organizaciones de la sociedad civil y actores estratégicos nacionales como Migración Colombia, Ministerio del Interior, Personerías y Fiscalía General de la Nación, buscando poner los derechos de las y los migrantes en el centro de las políticas públicas.

“Falta aún mucho por recorrer para la garantía de los derechos de las personas migrantes, pero los impactos que presentamos hoy son pasos en la dirección correcta para que Colombia sea un país incluyente y protector”, concluyó Laura Zambrano.

Conectando Caminos por los Derechos se implementó entre mayo de 2020 y agosto de 2023 a través de una alianza entre Freedom House, ABA Roli, Internews y Pact, con recursos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

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