Aunque tenía su pasaporte venezolano sellado, Leidy Troconis llevaba 3 años limpiando vidrios de carros en Cartagena mientras vivía con sus tres hijos adolescentes en un “pagadiario”, una habitación cuyo alquiler se renueva cada día. No contar con un documento que la reconociera en Colombia le impedía firmar un contrato de arrendamiento, llevar a sus hijos al centro de salud y aspirar a un estudio técnico que le diera estabilidad laboral. Por temor a ser deportada, Leidy evitaba acudir a las entidades para consultar la posibilidad de regularizar su estadía en Colombia.
Leidy hace parte de los 1.742.000 migrantes venezolanos que, según Migración Colombia*, reside actualmente en el país, y de los 51.000 asentados en Cartagena. Durante tres años también hizo parte de los migrantes que se encontraban en situación irregular en el país: el 56% del total en 2021.
Desde noviembre de 2020, el programa de USAID Conectando Caminos por los Derechos en alianza con la organización Un Solo Pueblo provee orientación y asistencia para la regularización y el acceso a servicios a migrantes venezolanos y colombianos retornados en Cartagena. Mediante talleres en procedimientos para la regularización y rutas de atención en el acceso a derechos este programa reduce la brecha de desinformación, identificada como una de las causales del alto porcentaje de migrantes en situación irregular. Los talleres se complementan con asistencia individual, en la que se evalúa la documentación de la persona y se inicia el trámite indicado.
A estas jornadas llegó Leidy llevando consigo su único documento: el pasaporte venezolano. Al identificar que contaba con las condiciones para ser reconocida por las instituciones colombianas como migrante legal, el equipo de Un Solo Pueblo la apoyó en el trámite del Permiso Especial de Permanencia (PEP). Con su destreza en el procedimiento, el computador y el internet móvil, recursos escasos en los asentamientos de migrantes, en solo una hora Leidy dejó de ser indocumentada. “Tenía tanta emoción como si hubiera visto a mi familia”, dice.
Mediante la alianza con Un Solo Pueblo, en dos meses Conectando Caminos por los Derechos ha brindado orientación y asesoría legal a 260 personas, entre migrantes venezolanos y colombianos retornados. Estas personas también reciben asistencia en el trámite de afiliación a Salud, al sistema estatal de beneficios sociales y económicos, y a otras rutas de atención disponibles.
Ahora, Leidy cuenta con un contrato de arrendamiento y vive con sus tres hijos en un apartamento que paga cada mes. Tras obtener el PEP, Leidy y sus hijos fueron afiliados al Sistema de Beneficiarios, Sisben, y al sistema de salud. Ahora, ella se prepara para inscribirse al Servicio Técnico de Aprendizaje (SENA) y registrar su hoja de vida en empresas de mantenimiento con la posibilidad de cambiar la limpieza de vidrios en los semáforos por un empleo digno en Cartagena.
Por: Astrid Elena Villegas, Conectando Caminos por los Derechos
*Cifras: Migración Colombia, agosto 2021.
